12 años, muchos Cabezas

Más de una década después del asesinato del fotógrafo de la revista Noticias, los trabajadores de prensa siguen sufriendo ataques. En Córdoba, la lista de aprietes es larga y este año se “inauguró” con la amenaza a una periodista del diario La Mañana.


Por Nicolás Fassi (*)

El 25 de enero se cumplió un nuevo aniversario del asesinato del fotógrafo de la revista Noticias, José Luis Cabezas, ocurrido en 1997. Desde aquel momento, y por la movilización de los trabajadores de prensa de todo el país, el homicidio se convirtió en una de las banderas más emblemáticas de la lucha por la libertad de expresión.

Más de una década después de ese trágico hecho, los trabajadores de prensa de Argentina nos encontramos sufriendo una sorprendente seguidilla de agresiones y amenazas, que paradójicamente no tienen “prensa”.

En la provincia de Córdoba, la “temporada” de aprietes se inauguró el 16 de enero, con las amenazas a la compañera Griselda Gómez, periodista de la sección Espectáculos del diario La Mañana de Córdoba.

“Sos una hija de… Vos sabés lo que te va a pasar por lo que publicaste,”, fueron algunos de los epítetos con los que unos ignotos “Capitán Gigena” y “Coronel Jiménez” intentaron amedrentar a la compañera, de dilatada trayectoria en el ámbito de los Derechos Humanos y que a fines del año pasado publicó un libro de poemas titulado “Flores del bien” dedicado a las Madres de Plaza de Mayo.

Este lamentable episodio, que mereció el repudio del Cispren y de la Fetraccom, es la culminación, a nivel local, de una larga lista de acciones destinadas a precarizar y, peor aún, criminalizar la legítima protesta de los trabajadores de prensa.

Huelga decir que los casos de precarización y terrorismo laboral han sido, desde Cabezas a esta parte, la comidilla de todos los días. Compañeros encadenados a sus puestos de trabajo en el diario Puntal de Río Cuarto, persecuciones ideológicas en La Voz de San Justo de San Francisco, juicios por querellas a Tomás Méndez y Jorge Martínez, agravios de la ex secretaria General de la Gobernación – hoy concejal- Olga Riutort a Sergio Carreras, agresiones físicas en La Voz del Interior al delegado Walter Moyano y el manejo discrecional de la pauta publicitaria, son algunos de los casos más resonantes que ocurrieron en estos últimos doce años.

Los trabajadores de prensa del interior de la provincia tampoco quedaron exentos de sufrir atropellos, siendo uno de los más emblemáticos el caso de Pablo Duarte de FM “Líder” de San Francisco del Chañar, perseguido sistemáticamente por el poder político de aquella localidad, pero también el de Juan Allende y Lorena Capdevila, de Radio “San Cayetano”, de Serrezuela, imputados arbitrariamente por la Justicia Penal de Cruz del Eje por acompañar como comunicadores la defensa del campo de una familia de Cañada Larga a la que pretendía desalojar un comerciante bonaerense.

A su vez, Claudia Cepeda, de canal 11 de La Cumbre, también tuvo que soportar actitudes intolerantes del presidente del Concejo Deliberante, Gustavo Cotelo, y Gustavo Di Palma, de “Radio Ciudad 93.5” de Río Segundo, fue víctima de represalias por parte de autoridades municipales.

Todo esto mientras, por otro lado, las empresas periodísticas miraban para otro lado a la hora de otorgar los merecidos ajustes salariales a los trabajadores bajo la conocida excusa de que “la ecuación económica no cierra”. Ni hablar de los velados intentos de vaciamiento de medios de comunicación, como La Mañana de Córdoba y LV2, por citar sólo los casos más resonantes en esta capital. La precarización encontró otra arma: los pasantes. Con la complicidad de una ley indigna, las empresas echaron mano a un ejército de mano de obra barata, convirtiendo a los estudiantes en carne de cañón con la excusa de un futuro mejor (léase, hacer buena letra y después “vemos” o “te pagamos con fama”).

Esta cruel práctica los convierte en “cuasi” periodistas, porque profesionalmente se les exige lo mismo que a un trabajador de prensa, pero se les paga como a un “aprendiz” o “aspirante”.
El poder político y judicial tampoco están exentos y por acción u omisión, el trabajador de prensa se encuentra, en la mayoría de las veces, desprotegido ante los atropellos.

A nivel nacional se "cajonea" sistemáticamente el proyecto para una nueva de Ley de Radiodifusión y en el orden provincial no se cumple -a pesar de la existencia de la Carta del Ciudadano- con la publicación de las declaraciones juradas de los funcionarios del Gobierno, de la Municipalidad y de la Justicia. Un ejemplo: han pasado más de 400 días que el ex gobernador José Manuel de la Sota dejó el cargo y todavía no cumplió con declarar su patrimonio.

Sin embargo, a lo largo de estos años hubo varios casos en los que las ocultas redes de solidaridad entre compañeros salieron a la luz. Ejemplos hay de sobra: las cooperativas del El Diario de Villa María y Comercio y Justicia, la pelea de los compañeros de LV2, Colsecor y el trabajo de las radios comunitarias y medios alternativos que ejercen una comunicación popular que busca reflotar las verdades que el poder oculta con la concentración de medios que propugnan la prensa empresarial.

Tampoco hay que soslayar el triunfo que significó la continuidad de los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y Radio Nacional bajo la esfera pública cuando arreciaban los aires privatizadores.

Pero si de “terrorismo empresarial” se trata, la judicialización de la legítima protesta de los trabajadores de prensa por parte de la empresa La Voz del Interior es paradigmática. La imputación a los miembros de Comisión Directiva de este gremio debe ser vista como una afrenta a la libertad de prensa y pensamiento. La Justicia, que es lenta pero a veces llega, dio su veredicto, y a fines del año pasado sobreseyó a los compañeros.

Pequeñas victorias de una lucha que se avecina cada vez más dura.

Por eso, más que nunca, todos debemos seguir siendo José Luis Cabezas.

(*) Secretario de Prensa del Cispren.